* Nueva ley de Seguridad Social mantiene o mejora las pensiones para los asegurados

* Memorando de entendimiento con Estados Unidos respeta la soberanía de Panamá y no cede territorio

* La mina sigue cerrada y sus recursos pertenecen solo a los panameños

Panamá, 5 de mayo de 2025. Ministros de Estado destacaron este lunes que el Gobierno Nacional ha defendido el derecho de los panameños, y a la vez demostrado transparencia en cuanto a los temas de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), la reciente firma del memorando de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos, y la situación de la mina de Donoso.

Los titulares de las carteras de la Presidencia (Juan Carlos Orillac), Relaciones Exteriores (Javier Martínez-Acha), Gobierno (Dinoska Montalvo), Trabajo (Jackeline Muñoz), Seguridad (Frank Ábrego) y Comercio e Industrias (Julio Moltó), coincidieron en que las inquietudes de los panameños en estos temas están siendo inculcadas por grupos de interés, a través de la difusión de información falsa.

La Ley de la CSS mantiene beneficios de los asegurados

El ministro Orillac recordó que la Ley 462 fue producto de meses de amplio consenso con todos los sectores, primero en el propio Palacio de las Garzas, y luego en la Asamblea Nacional.

También desmintió varias noticias falsas que se han difundido sobre la norma. Por ejemplo: los beneficios laborales de los trabajadores bananeros quedaron exactamente igual que con la derogada Ley 51 de 2005.

Por otro lado, aclaró que la Ley 462 mantiene la misma edad de jubilación de la ley 51, o sea 62 años para varones y 57 para mujeres. En 6 años una comisión técnica recomendará si debe ajustarse la edad, y esta decisión será sometida a la Asamblea Nacional.

En cuanto a las condiciones de los educadores, Orillac explicó que, del total de 38 mil docentes en el país, 10 mil se mantienen en el sistema de beneficio definido, con los términos de la ley 51. Los otros 28 mil docentes en el sistema mixto mejorarán sus pensiones con una tasa de reemplazo favorable.

Los rumores difundidos sobre supuesta privatización de los fondos de la CSS también fueron objeto de aclaración, puesto que el 90% de la inversión de estos fondos se hará a través de la banca local, y el 10% con otros bancos.

«La ley 462 no afecta a ningún grupo de los que hoy están tratando de mentirle a la población», sostuvo el ministro Orillac.  «Lo que se está tratando de hacer es oponerse por oponerse».

Por otro lado, la ministra Muñoz lamentó que un sindicato se haya dedicado a impedir que el progreso llegue al país, al paralizar obras importantes como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Además, han impedido que los pacientes tengan acceso a atención médica, al detener los servicios de las policlínicas de Boquete y Bugaba, en Chiriquí.

Además, este mismo sindicato ha paralizado un proyecto de acceso a agua potable en Altos de Tocumen.

En tanto, el ministro Ábrego aclaró que el 75% de las escuelas en el país están operando regularmente, además de que recientes encuestas señalan que el 85% de los panameños está en desacuerdo con el cierre de vías como forma de protesta.

Memorando con Estados Unidos respeta la soberanía de Panamá

El canciller Martínez-Acha alertó de que hay toda una serie de desinformación que está siendo alimentada por sectores con fines políticos, para inculcar confusión en el ciudadano en torno al Memorando de Entendimiento en Materia de Seguridad, firmado por Panamá y Estados Unidos.

«Nuestra soberanía no ha sido vulnerada en ningún momento, ni lo será», detalló el canciller.

Este instrumento bilateral, similar a otros 23 acuerdos que ambos países han firmado en temas de seguridad, reafirma el respeto mutuo entre Panamá y Estados Unidos, y deja claro que todas las instalaciones seguirán siendo propiedad de Panamá.

La mina está cerrada y sus recursos pertenecen a Panamá

Sobre el futuro de la mina de Donoso, el ministro Moltó dejó en claro que no ha ocurrido reunión alguna con nadie de la empresa que la operaba.

«El Presidente dejó muy claro cuáles eran las condiciones para conversar, y era que se suspendieran los arbitrajes», insistió Moltó. «La mina es de los panameños y permanece cerrada. Sus recursos son de Panamá».

Actualmente, el Gobierno Nacional a través del MICI está analizando todas las opciones legales en torno a la mina, y que se divulgará al país de manera transparente cuando llegue el momento de sentarse a la mesa.